Denuncia Anónima de Policías Activos de “Fuerza Pública“, esta es una acción de los policias buenos que quieren sacar a los policías corruptos de la institución, sin embargo, cuando denuncian las consecuencia es que los pasan a otras delegaciones. También han perdido la confianza en el Poder Judicial, señalando ellos perciben que los mismos del OIJ se prestan para protegerlos.
El 30 de octubre de 2024, alrededor de las 10:00 p.m., oficiales de la Fuerza de Tarea de la Delegación de Orotina —bajo el mando en ese momento de los oficiales Dávila y Zamora— detuvieron un vehículo Nissan Frontier, color cobre, con placa CL-475625, en un control de carretera. A bordo se encontraban dos sujetos identificados como González Ángulo y Rudesno Gastán, según señala los oficiales denunciantes, se realizaron consultas donde según consta en registros, ambos contaban con amplios antecedentes penales.
Ante esta situación, los oficiales contactaron al jefe de puesto, quien ya estaba fuera de servicio. Este habría ordenado decomisar preventivamente el vehículo, dado que ninguno de los ocupantes figuraba como propietario y, según información de inteligencia, aunque no existió una noticia criminis para la retención del vehículo, eran presuntos colaboradores de un conocido criminal de Guápiles, apodado “El Diablo”. La incautación del vehículo quedó registrada en el libro de novedades de la delegación, con ingreso oficial a las 11:40 p.m. del mismo día.
Lo preocupante surge días después, cuando el vehículo —que permanecía bajo custodia— comenzó a ser utilizado por el oficial Denis Núñez, conocido como “Alfa”. Según testigos dentro de la delegación, Núñez afirmó que había localizado al dueño registral, Wilmer Sevilla, quien le expresó no querer ningún vínculo con el vehículo, alegando que era parte de una deuda por drogas y temía represalias de la organización criminal. Narran los policías denunciantes.
A pesar de esto, Núñez habría tomado posesión del vehículo, utilizándolo de forma personal e incluso prestándolo a los oficiales Naranjo y Dávila, ambos al tanto del supuesto origen ilícito del automotor. El mismo Núñez habría comentado en pasillos que lo compraría por ₡5 millones, que era “una ganga”, y que planeaba desinscribirlo y reinscribirlo con ayuda de un conocido, para evadir la atención del crimen organizado.
La gravedad del caso se agrava al considerar que muchos funcionarios no han denunciado por temor a represalias, dado el supuesto respaldo que Núñez mantiene con el director regional, Marlon Cubillo, y los traslados que este ha ordenado de forma arbitraria.
Este caso plantea serias dudas:
- ¿Quién ordenó el decomiso sin el respaldo del asesor legal?
- ¿Dónde está el acta oficial de entrega del vehículo a su dueño?
- ¿Por qué no aparece el decomiso registrado en el sistema SAD del Ministerio de Seguridad Pública?
- ¿Se aprovechó la información de inteligencia para adueñarse de un bien ligado al crimen organizado?
Este hecho exige una investigación inmediata por parte del Ministerio de Seguridad Pública y de Poder Judicial. Las pruebas están: libro de novedades, testigos y testimonios dentro de la misma delegación. Lo que se perfila es un uso indebido de recursos, tráfico de influencias y posible encubrimiento de vínculos con estructuras criminales.
¿El MSP investigará o nuevamente callará?
El siguiente vídeo hace referencia a la recarga de combustible del 4 de abril del 2025 a las 10:16 am, lo que permitiría hacer una investigación a las autoridades. Oficiales denunciantes no confían en el Poder Judicial, ya que han presentado la denuncias y no ha existido ningun tipo de acciones que los protejan como denunciantes.
Folios 171 y 172 de la bitácora de la delegación de Orotina.
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Source
CRinfomativo
